La madrugada del 5 de febrero, F.P.V., una persona de 35 años, ha fallecido en su celda en la cárcel de Zaballa.
Según la información facilitada por su familia, residía habitualmente en Bizkaia y deja viuda y cuatro hijos. La familia ha recibido informaciones de que el fallecido estuvo llamando por el interfono dos o tres horas antes de la muerte, pero le negaron atención médica, diciendo que esperara hasta la apertura de celdas. Oficialmente, hasta la recepción de la autopsia definitiva, lo han catalogado como un posible infarto.
NO ES UN CASO AISLADO NI UNA EXCEPCIONALIDAD.
Desde la asunción de competencias por parte del Gobierno Vasco en 2021, hemos tenido conocimiento de al menos 10 muertes por causas no naturales en las prisiones de la CAV.
Lo que vuelve a repetirse, una vez más, no es solo la muerte en prisión, sino el silencio institucional que la rodea.
Por un lado, la asistencia médica en prisión es insuficiente, superficial, tardía y de difícil acceso. La atención a la salud física y mental de las personas presas es claramente deficitaria, especialmente en los casos de patología dual, sufrimiento psíquico, consumo problemático o enfermedades crónicas. La prisión, lejos de cuidar, agrava de forma directa el deterioro de la salud.
Por otro lado, la falta de comunicación oficial y la opacidad sistemática hacia las familias, la sociedad y los medios de comunicación en relación con estas muertes es inaceptable. Las familias se enteran tarde, con información parcial o confusa, y sin canales claros para conocer qué ha sucedido realmente.
Además de las situaciones de vulnerabilidad individuales, no podemos olvidar las condiciones estructurales de la pena privativa de libertad, que daña profundamente los cuerpos y las mentes de quien habita la prisión: el aislamiento, las difíciles dinámicas relacionales, la mala alimentación, la falta de intimidad, la subordinación constante y la ausencia de cuidados adecuados.
Exigimos que la Administración penitenciaria vasca establezca y haga público protocolos oficiales, claros y obligatorios de comunicación que se activen de manera inmediata cuando una persona fallece en prisión.
Reivindicamos el derecho de la sociedad y de los medios de comunicación a recibir información veraz, completa y transparente sobre las muertes que ocurren en el interior de las cárceles.
Denunciamos que personas sin red familiar puedan morir en prisión en el más absoluto silencio, y exigimos mecanismos que garanticen que ninguna muerte quede oculta ni sin registro público.
Exigimos que el Ministerio Fiscal investigue y haga públicas las causas reales y estructurales que están detrás de estas muertes, asumiendo las responsabilidades que correspondan a la gestión penitenciaria.
Instamos al Gobierno Vasco y, concretamente, a su Dirección de Justicia, a tomar medidas urgentes para prevenir estas muertes y garantizar condiciones dignas de atención sanitaria.
Rogamos la excarcelación inmediata de las personas presas con problemas graves de salud física, mental y patología dual, cuyo estado empeora de forma alarmante en prisión y que, en demasiados casos, termina en autolesiones o suicidio. Estas personas necesitan cuidados que la prisión no puede ni sabe proporcionar.
Resulta urgente una reforma de la legislación penal y penitenciaria que actualmente prolonga innecesariamente las condenas y limita el acceso a permisos, tercer grado y libertad condicional, impidiendo salidas que podrían prevenir estas muertes.
CONVOCAMOS CONCENTRACIÓN EN GASTEIZ EL VIERNES 13 DE FEBRERO EN LA PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA A LAS 12:30.
No más muertes en prisión.
No más silencio institucional.
No más negligencia médica.
Que los muros de las cárceles dejen de esconder a sus víctimas.
Que tu muerte en prisión sea la última y que la Justicia repare tu abandono.