Granado era jornalero, forjador, activista antifranquista colaborador de las Juventudes Libertarias.

Y Delgado era ebanista fresador, secretario de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en Grenoble.

Ambos fueron detenidos el 31 de julio de 1963, acusados de colocar dos bombas, dos días antes, en la Sección de Pasaportes de la DGS de Madrid, que provocó heridas a una treintena de personas, y en la Delegación Nacional de Sindicatos causando solo daños materiales.

Inicialmente negaron ser los autores de los atentados. Fueron interrogados por el sanguinario policía Saturnino Yagüe González y el inspector Enrique González Herrera, de la Brigada Político Social. Carlos Arias Navarro, entonces Director General de Seguridad, entró a abofetear a uno de los detenidos.

Al sexto día de salvajes torturas los detenidos se confesaron culpables.

Días después un tribunal militar franquista les procesó en consejo de guerra; aunque negaron su culpabilidad les condenaron a muerte.

Tras unos años aletargado, el movimiento libertario experimentaba un impulso que suponía un desafío que el régimen no podía tolerar. Y ahí sacó sus terribles garras”, recuerda Tomás Ibañez, líder histórico de la CNT/AIT. El Consejo Ibérico de Liberación, uno de los nombres que utilizaba el grupo anarquista Defensa Interior (creado por CNT/AIT, FIJL y FAI), reconoció la autoría de los ataques, pero aseguró que los autores habían sido otras personas.

La lucha de Delgado y Granado fue el ejercicio “del derecho a la resistencia contra un tirano, porque eliminar a un tirano era la razón de ser del movimiento libertario”. La misma organización haría público posteriormente que Granado estaba en Madrid para transportar una maleta con explosivos para un posterior ataque contra el dictador Francisco Franco. Delgado, por su parte, había sido enviado desde París para informar a Granado de que la operación debía ser suspendida.

La verdad se conocería más de 30 años después. El documental Un crimen legal, de Lala Gomà y Xavier Muntanyà, emitido en 1996 en el canal francés Arte daría a conocer los nombres de los verdaderos atacantes: Sergio Hernández y Antonio Martín.

Así lo reconocían ellos ante las cámaras: “Sergio se marchó para la frontera y yo me quedé en Madrid.

Tuve la sorpresa verdaderamente profunda de que habían arrestado a dos compañeros y que les habían inculpado por un hecho que no habían hecho. Fuimos nosotros los que lo hicimos. Habíamos ido a hacer ruido y estando allí los habían acusado… No los conocíamos. Y no sólo los acusaban.. sino que querían matarlos… Para mi fue algo que…. No puedo contar…”

Octavio Alberola, que había sido el coordinador de Defensa Interior durante aquel ataque, declaró públicamente en televisión, que los jóvenes anarquistas Granado y Delgado no eran los autores de los atentados de 1963.

La misión que había encomendado a Granado era que “recogiera una maleta con explosivos y se la entregara a otro compañero que realizaría el atentado. Esa era la razón por la que estaba en Madrid desde mayo del 63”

La Justicia del régimen del 78 rechazó la revisión del juicio y la anulación de la sentencia. Lala Gomà, directora del documental «Un crimen legal» , recordó que “Fraga no quiso responder nuestras preguntas, rechazó intervenir.

Tuvimos acceso al sumario y ahí estaba todo. Podíamos documentar de una manera rigurosa lo que había pasado y demostrar que eran inocentes”.

Fraga estuvo en el Consejo de Ministros que firmó el ‘enterado’ de la pena de muerte sin mayor problema.

El 17 de agosto de 1963 Granado y Delgado fueron ejecutados mediante garrote vil en la prisión de Carabanchel (Madrid). Tenían 28 y 29 años. Los dos cadáveres fueron enterrados en secreto inmediatamente, sin dar cuenta a las familias, en una fosa de caridad del cementerio de Carabanchel.

Actualmente los nombres de Granado y Delgado siguen marginados de los libros de historia que, por contra, han calificado a Fraga “padre de la democracia” y una sala del Congreso del régimen del 78 le ha rendido homenaje.